Alberto convoca a empresarios y CGT


El Gobierno doméstico prepara una cumbre enfocada en el día a posteriori de la pandemia. ¿Qué piden los empresarios y el sindicalismo?

Preocupado por el impacto financiero del virus, la desidia de dólares y los reclamos del sector privado por una eventual avalancha de quiebras, el Gobierno reactivó sus planes para convocar a las cámaras empresarias y la CGT a discutir los pasos a seguir el día a posteriori de la pandemia. Todavía no hay término ni una memorándum confirmada, pero fuentes oficiales confirmaron que el ministerio financiero encabezado por el cabecilla de ministros, Santiago Cafiero, está trabajando en esa iniciativa. «Está previsto el encuentro en el que se va a sumar a la CGT y las cámaras privadas», informaron a iProfesional fuentes del Ministerio de Trabajo.

La convocatoria tripartita se venía posponiendo en las últimas semanas, pero tomó impulso en las últimas horas frente a los síntomas de malestar compartidos por el patronal y la CGT correcto al retorno a la Fase 1 en el AMBA desde este miércoles, con mayores restricciones a la actividad privada, la reducción de los rubros esenciales y controles de tráfico más severos. La medida anunciada el viernes pasado por el Presidente aceleró las reuniones de catársis y la elaboración de un extenso documento por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) con propuestas de mediano y derrochador plazo.

Si correctamente su contenido se maneja con puro hermetismo, este medio pudo entender que el mismo aborda el compromiso fiscal, los programas de recuperación productiva, un plan de incentivos a las exportaciones, créditos a la producción, políticas para «cuidar y potenciar activos argentinos» y los «desafíos de la competitividad«. Muchos de esos puntos ya habían aparecido a fines de marzo cuando, una vez iniciado el aislamiento obligatorio, los industriales presentaron un plan de emergencia, incluyendo una cuarentena «light», la suspensión de impuestos y reducciones salariales al personal sin tareas.

El endurecimiento de la cuarentena aceleró las reuniones de catársis y la elaboración de un documento por Unión Industrial Argentina (UIA).

Visto en retrospectiva, el Ejecutivo concretó varias de las medidas sugeridas por la UIA. Primero fue la comprensión graduado de la industria con la ampliación de los rubros esenciales o exceptuados. Después, el software de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) destinado a 310.000 empresas y 2,8 millones de trabajadores, y las líneas de financiamiento subsidiadas a las pyme. Y, por postrero, el impulso oficial a los acuerdos de deducción salarial por suspensiones, con importantes reducciones en los aportes patronales, como compensación por la prohibición de despidos y la doble indemnización.

Esa precaria sintonía con los empresarios, sin confiscación, empezó a debilitarse a partir de la valentía del ministerio financiero de desandar el paquete millonario de subsidios al sector privado y la fallida desposeimiento de Vincentin. Lo que encendió el alerta fue el esforzado aumento del desembolso, la expansión monetaria y la caída de la colecta. Pero incluso la alto de los dólares paralelos, que llevó a reanimar el cepo con fuertes trabas a los importadores. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, intentó sobrellevar calma la semana pasada a la UIA, pero el tema resurgió este martes en la reunión de juntura directiva por la negativa de proveedores a venderles insumos.

En el sector privado incluso hay malestar por el avance de la Ley de Teletrabajo, impulsada por el oficialismo. Las quejas apuntan a la posibilidad de reversión de la modalidad de trabajo en casa por valentía partidista del empleado, el derecho a desconexión que permitiría al personal no contestar llamadas fuera de horario y los límites a los controles del empleador. «Lo que aprobaron es una aberración, no aceptaron posiciones de los demás diputados», se escuchó en la reunión supuesto de la central fabril. Ahora, buscarán suavizar el tesina en el Senado.

También hubo reclamos por el plazo del gratificación. Los industriales anunciaron el viernes pasado que lo pagarán en cuotas hasta el 30 de agosto y le pidieron a través de una carta al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pidiendo que evite sanciones por ese motivo. La cuestión generó roces con la CGT, en donde aseguran que elevaron un publicidad al funcionario para frenar los descuentos en el Sueldo Anual Complementario (SAC) al personal suspendido, aunque desde la cartera profesional desmintieron suceder recibido dicha petición. Los cruces por el suceder de junio se dispararon tras la valentía del ministerio financiero de no otorgar una subsidio distinto para su plazo en las empresas.

La CGT advirtió en las últimas horas sobre la «destrucción de empleo» por el suspensión de fábricas y pymes.

Quiebras y despidos

En ese ámbito, la cúpula sindical salió este lunes a convocar por su cuenta un interviú contiguo a las cámaras empresarias, luego de la reunión mantenida por la «mesa chica» de Azopardo. Fue la guisa de marcarle la cancha a las autoridades y hacerle notar su descontento por excluirla de las últimas decisiones. Los gremialistas creen que Alberto Fernández tiene abiertos muchos «flancos» abiertos y que deben ser convocados para resolverlos. «Eso hace que todavía no haya podido delinear del futuro económico y esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie», explicó a este medio uno de los dirigentes que asistió al interviú.

En coincidencia con los empresarios, la CGT advirtió en las últimas horas sobre la «fenomenal destrucción de empleo« por el suspensión de fábricas y pymes. Un planteo que encierra el interés compartido por ejecutivos y sindicatos en aflojar la cuarentena sobre el sector privado. «Vamos a ver resultado en 14 días, tiene que haber una hoja de ruta con un plan obra pública de viviendas para trabajadores», dijo a este medio el secretario de industria de CGT, Rodolfo Daer. En esa propuesta trabaja la Cámara de la Construcción (Camarco) y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), cuyo titular Gerardo Martínez aseguró la semana pasada que se perdieron 200.000 empleos en el primer semestre. 

El sindicalismo enfrenta varios desafíos. Uno de ellos es la delicada situación de las obras sociales correcto a la retención de fondos por parte del Estado, un publicidad que este martes fue respondido con la libertad de $3.800 millones para compensar la caída en los aportes. El otro problema es la dificultad para avalar los sueldos en las enormes estructuras administrativas y rentadas por los sindicatos. Para aliviar esas complicaciones, más de una entidad corporativo se inscribió en los ATP. Ese fue el caso de la obra social del sindicato de Comercio (OSECAC), encabezada por Armando Cavalieri, y el principal hermandad de empleados de la AFIP (AEFIP), cuyo titular es Pablo Flores.

La CGT incluso observa con preocupación el congelamiento de las paritarias sin plazo en los sectores autorizados a trabajar. El titular del sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, pedirá este miércoles una suma puente en su reunión supuesto con la Federación de Industrias Alimenticias (FIPA). Será en medio de la conciliación obligatoria dictada el 19 de junio pasado, tras el paro caudillo resuelto en fábricas como Molinos, Bimbo y Arcor para reabrir la paritaria vencida a principios de mayo. El camionero Pablo Moyano, en tanto, anticipó el fin de semana que pedirá un «refuerzo» o un «bono», aunque desde las dos cámaras de la actividad negaron suceder recibido una solicitud.

En los pagos de Cavalieri, los delegados opositores de la agrupación La Voz de Comercio exigen que el premio de $5.000 en los supermercados se convierta en un beneficio permanente por el peligro de exposición al virus y pidieron un ajuste de los protocolos frente a los más de 600 contagios denunciados en ese rubro. Los gremios telefónicos, por otra parte, cerraron este lunes la paritaria del año pasado con un aumento del 4% sobre el salario de julio, contiguo con un adicional equivalente a una suma fija de $4.000 para todas las categorías. Y los repartidores concretarán este miércoles un nuevo paro internacional, con una protesta en el monolito desde las 11 y en publicidad de un incremento del 100% por pedido, obra social y ART, luego de registrar seis muertos en accidentes laborales en 100 días.

El cumplimiento de los protocolos por Covid-19 es otro publicidad que crece con fuerza. La municipalidad de Escobar clausuró anoche en forma preventiva la planta de Alijor ubicada sobre la Panámerica, donde se fabrican los productos de La Salteña. Allí, se detectaron 19 casos positivos y otros 14 quedaron en observación, más del 20% de la plantilla de 190 empleados, según indicó el sindicato de la Alimentación. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en tanto, visitará este miércoles la planta de Victoria de Mondelez para la constitución del comité de crisis en la empresa, luego de un mes de suspensiones que motivaron la reacción del cabecilla de la bancada oficialista en Diputados, Mayor Kirchner, y la revisión de los licenciamientos acordados con el hermandad.

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