Argentina le pidió a Preska terminar, de una vez, con el Juicio del Siglo


Para todo esto Argentina pidió hace un mes acelerar los pagos a los acreedores residuales que aún no cobraron (por propia voluntad) el patrimonio del acuerdo firmado en abril de 2016; avalado definitivamente por el propio Griesa en mayo de ese año. Ese acuerdo fue dependencia por el ex ministro de Economía Alfondo Prat Gay y se basaba en aceptar el total de la deuda detentada por los holdouts, fondos alimoche y particulares que no habían ingresado en los canjes del 2005 y 2010 (y que habían manada el «juicio del Siglo» en los tribunales de Manhattan, con fallos firmes en segunda y tercera instancia de los Estados Unidos); más un interés de 3% anual sobre saldo. Argentina liquidó unos u$s9.300 millones de dólares, cerrando casi un 7% del total de la deuda caída en default del 2001, con lo que el 98,5% del total del pasivo generado por la crisis estaba solucionado. Sin secuestro quedaron sin aceptar la propuesta argentina unos 800 millones de dólares; para los que Argentina dejó abierta la posibilidad de abaratamiento abierta. Para esto, debían presentarse en el futuro en el tribunal de Griesa; luego manejado por Preska. Unos 250 millones de dólares de ese patrimonio fue pagándose entre septiembre de 2016 y el primer semestre del 2019. Para septiembre de ese año, el gobierno de Mauricio Macri le pidió a la jueza acelerar al obstrucción definitivo de la causa, a lo que Preska accedió.

La jueza debía ahora poner precio a los reclamos, determinando si por otra parte del patrimonio a pagar según los términos del veredicto de Griesa de mayo de 2016, el país debía todavía acreditar los costos de los abogados y otras multas y punitorios. La buena mensaje para la Argentina es que sólo se deberá acreditar el patrimonio del acuerdo; ya que, en síntesis, los que perdieron el pleito fueron los demandantes. Según el veredicto de Preska del martes pasado, Argentina tendrá que rotar en poco tiempo (cuando ella lo habilite) unos u$s156,3 millones a Trinity Investments y u$s67,9 millones a Attestor Master Value.

El próximo veredicto será el cálculo del patrimonio que se le tendrá que acreditar al fondo Bracebridge, que reclama por títulos impagos desde el 2001 por unos u$s34 millones originales, que se transformarían en unos u$s50 millones. Pasarían luego por caja un relación de fondos que integran, entre otros, HWB Victoria Strategies Portfolio, Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y el U.V.A. Vaduz. Finalmente será el turno de los casos más complicados: los tenedores de deudas particulares que aún mantienen vivos sus reclamos en los tribunales de Preska, disgustados por el acuerdo del 2016 con Paul Singer y compañía, y por haberse considerados ninguneados durante todos estos primaveras de pleito y pos pleito. Se tráfico, en común de un puñado de irreductibles bonistas en su mayoría ciudadanos argentinos, que en su momento se unieron en el «Grupo Varela»; bautizados así por el propio Griesa quién en algún momento escuchó los reclamos de Pablo Alberto Varela. Los pedidos de este bonista conmovieron al añoso togado, que luego de escucharlo decidió colocarlo primero en el relación de reclamantes argentinos. Se agrupaban luego los nombres de Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, César Rubén Vázquez y Norma Haydee Ginés. El relación podría completarse con más acreedores y fondos por ahora desconocidos; ya que los identificados sumarían unos 450 millones de dólares, pero se cree que fuera de los canjes del 2005 y 2010; del cuota a los fondos alimoche y holdouts de abril del 2016 y de los acreedores residuales que ahora se están regularizando habría aún tenedores por unos U$S 500 millones más que nunca se presentaron en los tribunales de los Estados Unidos ni los lugares de cuota que se abrieron en Buenos Aires desde junio de 2016. Se especula con que en su mayoría se tráfico de personas particulares que ya fallecieron, y que sus pertenencias financieras están en paradero desconocido o en juicios por sucesiones. Misterios del «Juicio del Siglo», una causa que se niega a terminar.

Hay una tercera demanda residual. Preska todavía tiene que reponer por las acusaciones a la agencia de clearing Euroclear, que los juicios paralelos por las responsabilidades por no acreditar en su momento las ordenes de Griesa en los tiempos en que la pelea la llevaba delante el Gobierno de Cristina de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía. Euroclear, cercano con Clearstream (la otra agencia de custodia de pagos de la deuda externa que tenía contratada la Argentina antiguamente del default) apoyaron la operación de abaratamiento de los vencimientos de los títulos públicos del país en Buenos Aires. El problema surgió en marzo de 2015 cuando Griesa ordenó a Euroclear a retener cualquier cuota de bonos reestructurados de la deuda argentina, buscando forzar en esos momentos al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a firmar un acuerdo con los acreedores respetando su veredicto que le daba la razón a Elliott, Dart, Aurelius, Olifant y el resto de los fondos que le habían hecho sensatez al país.



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