Bolivia: crisis sanitaria y lawfare | Opinión


Todo comenzó luego de las elecciones presidenciales llevadas a parte el pasado mes de octubre, donde quien debía ser veedor del proceso electoral resultó ser su principal saboteador y número aglutinante de los grupos opositores: estamos hablando del lamentable papel que cumplió el secretario militar de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.

A todo esto se suma el polémico noticia de la OEA que contribuyó a desencadenar el triste marco que hoy vivimos: el presidente Evo Morales, inculpado de fraude y con mandato vivo, fue invitado a renunciar por las Fuerzas Armadas en un contexto de violenta represión a manifestaciones populares y razzias a los propios políticos del MAS -y a sus familiares-. Posteriormente, en una Asamblea prácticamente desierta, la senadora opositora Jeanine Áñez fue ‘‘designada’’ presidenta interina, consumando el topetazo de Estado pero prometiendo convocar a elecciones en el plazo de tres meses. La restauración conservadora y neoliberal quedó violentamente concretada.

Después de ocho meses de los referidos sucesos, como si fuera poco, la severo situación político-institucional del país además tiene su correlato en el sistema de sanidad. La región se encuentra frente a una crisis sanitaria sin precedentes y el país hermano enfrenta los momentos más duros de la pandemia que azota al mundo, con más de 1.500 muertos y 24.000 contagiados.

Pesan sobre el gobierno de facto acusaciones de corrupción y sobreprecios en las compras de medicamentos y equipos de bioseguridad con posibles que deberían ser destinados a la lucha contra la pandemia (como en la importación de respiradores). Las deficientes medidas tomadas por este régimen en materia de políticas públicas de sanidad han provocado el colapso de la infraestructura sanitaria, generando saturación en los hospitales y hasta muertes en la vía pública. La respuesta frente a esta emergencia ha sido el llamada al ayuno y a la oración.

La desidia en el manejo de la crisis sanitaria desnuda la estado más colosal de los gobiernos neoliberales: su desprecio por el bienestar de las mayorías. O posiblemente, ¿quiénes tienen los peores índices de mortalidad en la región?

Por otro banda, como correctamente señalaron los doctores Eugenio Zaffaroni y Raúl Ferreira
en columna publicada recientemente en este diario, siete exfuncionarios del gobierno del presidente Evo Morales se encuentran asilados en la residencia de la Embajada mexicana en La Paz impedidos de salir, siendo armadas con posterioridad al orfelinato causas judiciales inverosímiles y negándoles todo derecho a defensa por parte del gobierno de facto, que abiertamente promueve su ‘‘caza’’.

Asimismo, el régimen de Áñez procura impedir a toda costa la décimo del partido mayoritario en las elecciones presidenciales establecidas para comienzos del mes de septiembre. Mediante una demanda procesal iniciada el pasado 30 de junio se pretende inhabilitar al candidato presidencial del MAS-IPSP Luis Arce.

En este situación, la imputación por terrorismo de la Comisión de Fiscales de Bolivia a Evo Morales -sin
pruebas suficientes y sin derecho a defensa- y su coherente pedido de detención son estrategias más que esperables para desviar el foco de atención frente a los malos manejos (sanitarios y político-institucionales) de un gobierno ilegítimo.

Estos intentos de proscripción alejan aún más a Bolivia del sendero demócrata y debilitan seriamente la calidad institucional regional. Los aires del lawfare se respiran más fuertes que nunca.

Fernanda Gil Lozano es parlamentaria del Mercosur



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