claves del fallo que ordena suba por ALQUILER



Los especialistas analizaron la sentencia que rechazó los aumentos por decreto y ordena arreglar los haberes con la fórmula de la Ley de Alquileres

La Sala II de la Cámara Federal de Salta resolvió en un decisión que hasta que el Congreso sancione una nueva ley de movilidad, los aumentos de las jubilaciones y pensiones por decreto no pueden ser inferiores a los índices fijados en la Ley de Alquileres que establece un 50% por inflación (IPC del INDEC) y 50% por los salarios formales (RIPTE), sancionada recientemente por el Congreso.

Los expertos previsionalistas analizaron los principales puntos del decisión, que no declara la inconstitucionalidad de los aumentos por decretos pero que ordena una mejoría en el caso particular de Roberto Daniel Caliva al considerar el índice de la ley de alquileres como un «piso mínimo» que permitiría atender «razonablemente» la penuria de movilidad de los haberes durante el tiempo por el cual se extienda la suspensión de la fórmula establecida por la ley 27.426 en 2017.

Estas son las claves:

1) Para el abogado Adrián Troccoli, la sentencia marca que deberían tomarse las variaciones mensuales, aunque no especifica qué períodos se incluirían como relato para cada mes con recomposición. De esta modo, deja de flanco los parámetros subjetivos utilizados por el Ejecutivo en los aumentos otorgados durante este año y determina que los incrementos deben darse según parámetros objetivos que alcancen a todos los jubilados.

2) Los jueces Alejandro Castellanos, Mariana Inés Catalano y Guillermo Elías analizan la delegación legislativa y la emergencia, poniendo conclusión a las facultades de regular la movilidad las que no pueden ser discrecionales sino que deben seguir pautas concretas de movilidad. Y exponen la contradicción que existe entre la errata de actividad legislativa en materia previsional al punto que no se sancionó por ley la prórroga de la suspensión, mientras que sí se sancionaron otras leyes en el entorno de la pandemia.

3) Según Troccoli, se resalta la condición de aportantes y el esfuerzo contributivo extendido por muchos abriles de aquellos jubilados más afectados. Y explica la errata de parámetros objetivos de los aumentos otorgados por decreto, definiéndolos así como discrecionales, y analiza pormenorizadamente que incluso los aumentos dados a los haberes más bajos sin inferiores a los de la Ley suspendida, lo que contradice los fundamentos postulados en los decretos.

4) Examina profusamente la penuria de persistir una distinción entre la movilidad de los beneficios de aquellos que contribuyeron durante abriles al sistema previsional y las funciones asistenciales de la Seguridad Social, rechazando toda medida que provoque el achatamiento de las prestaciones contributivas, basándose en profusa legislación, doctrina y documentos porducidos por órganos del Estado Argentino.

5) Aclara la confusión sobre el concepto de «solidaridad«, reencausándola en auxilio y no contra los que han realizado en la vida activa un esfuerzo contributivo. En este sentido es trascendente la cita del parlamentario durante las sesiones del Congreso y la de los Constituyentes que instauraron la aval constitucional de jubilaciones y pensiones móviles. Así, sin vueltas, es inconcebible que se reconozcan movilidades diferentes. A todos los jubilados les corresponde la misma medida.

6) El incremento de marzo que incluye una suma fija de $1.500, con independencia del monto del sobrevenir jubilatorio está fuera de las facultades delegadas pues significa en la destreza una distorsión del sobrevenir. Por ello y para poder cuadrar ese incremento en el plexo normativo interpreta que esa suma se debe integrar a la Pensión Básica Universal (PBU).

Esto deja para marzo un incremento de 2,3% para los componentes de la retiro relacionados con el salario y el tiempo trabajado. La diferencia entre los decretos con los aumentos de otros jubilados que llegan al 30,64% en marzo y las bases de la delegación que ordenan tratar los regímenes jubilatorios como un sistema único impiden convalidar estos decretos.

7) Por no existir variables objetivas que justifiquen los incrementos así otorgados ordena que los decretos que dictados o que se dicten no podrán dar un resultado pequeño al de la fórmula establecida en la Ley de alquileres mientras dure la delegación legislativa en el PEN. Y se instruye hacer esta adecuación a fin de año, si es que la Ley de movilidad no se sanciona ayer y corrige estas cuestiones. Esto sin importar el porcentaje de la quita, ya que no puede admitirse quita alguna, explicó Troccoli.

La Justicia salteña incluso confirma que la Ley de Movilidad sancionada en 2017 no puede aplicarse en marzo de 2018, ya que en ese caso debe respetarse la norma aludido válido de la mandato kirchnerista.

8) El decisión no deja clara la posibilidad al problema del relegamiento de las jubilaciones y el hecho de que la inflación del segundo semestre del año pasado no fue agradecido a los jubilados, a la paciencia de una ley superadora que restituya el poder adquisitivo de los beneficios. En cuanto a la suspensión de la movilidad, señalaron que «…es precisamente la ausencia de estabilidad de la economía lo que torna más necesaria la movilidad previsional en nuestro país…».

«Es justamente en tiempos de crisis cuando las garantías constitucionales se tornan operativas, de modo que la movilidad jubilatoria prevista en el art. 14 bis de la CN se impone en estos tiempos, por cuanto el derecho a la percepción de un haber previsional digno resulta afectado en razón del proceso inflacionario acumulativo que, desde hace unos años, corroe el poder adquisitivo de las jubilaciones».

En esquema, explica Troccoli, «este primer fallo es una vuelta a los principios rectores de la Previsión Social, como fue a su vez el caso «Sánchez» de 2005″. «La proporcionalidad es el camino», concluyó.

9) En tanto, el abogado previsionalista Christian D´Alessandro destacó que el voto «le fija los puntos al gobierno en dar por lo menos una aval de cuanto van a ser sus aumentos o movilidad a futuro». «Es una fijación a las mandas de la código, ya que el Congreso debe fijar la movilidad. No presente que la Justicia haya fijado cómo debe ser el pavimento reducido de modernización resguardado porque en los fallos Badaro I y II la Corte Suprema derivó el problema al Poder Legislativo», sostuvo.

10) Para D´Alessandro, la sentencia sienta un precedente al utilizar la fórmula de la Ley de Alquileres. «La situación debería haber sido delimitada por el Gobierno de otra manera. Sobre los primeros seis meses del 2020, no correspondía la suspensión de la movilidad así como tampoco correspondía la fórmula sancionada por Macri, con eje en la inflación. En este primer semestre, era justo cobrar la inflación de los seis meses previos y eso motivó juicios de los juibilados», afirmó.

11) Por la pandemia, según el asesor del sindicato de trabajadores pasivos (STP), hubo una situación fantástico y el intento del Estado de mitigar la situación que se tradujo en la prórroga de la suspensión de la movilidad. «Ahora, en lugar de extender esa situación hasta diciembre, las autoridades deberían haber fijado por decreto una nueva movilidad hasta tanto lo resuelva el Congreso, con una clara regla de juego de julio en adelante», plateó.

12) Por zaguero, el abogado advirtió que «al ser inferior los aumentos por decreto en marzo y julio, va a disparar los juicios de reajuste aún más después de que se levante la feria judicial. El presidente ha sido mal aconsejado en materia previsional».

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