Cuadernos de corrupción: ¿cuántos empresarios están presos?


La bautizada «Causa de los Cuadernos» involucra a decenas de políticos y ex funcionarios kirchneristas y a la crema empresaria del país

Tras el homicidio de Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que estuvo involucrado en el caso de los denominados «cuadernos de la corrupción» vuelve a surgir la pregunta de cuántas personas quedan detenidas en esta causa sumarial.

Mientras la sociedad se debate entre quienes defienden las medidas del Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19 y quienes creen que es necesario repensar las estrategias sanitarias para evitar una viejo crisis económica, la Justicia parece avanzar en torno a un inexorable «cajoneo» del viejo caso de corrupción de la historia argentina.

La bautizada «Causa de los Cuadernos» involucra a decenas de políticos y ex funcionarios kirchneristas y a la crema empresaria del país en una trama de sobornos y arreglos vinculados con el reparto de millones de dólares provenientes de licitaciones para el expansión de obras públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La presente Vicepresidenta de la Nación fue señalada por el ex magistrado ya fallecido Claudio Bonadio como la líder de esa pandilla de delincuentes que tiene cerca de 130 procesados a la prórroga de ser enjuiciados por un tribunal verbal, que en su momento conmocionó al mundo político y patrón por la notoriedad de los apellidos involucrados, que fue creciendo en pruebas por el aporte de muchos arrepentidos y que hasta fue catalogada como el «Lava Jato» argentino.

La reacción de las empresas

En el mundo corporativo varias de las entidades más representativas salieron a despegarse de los involucrados, con comunicados reivindicando la transparencia como la única forma de hacer negocios y hasta redactando nuevos códigos de ética.

Un caso paradigmático fue el de IDEA, la estructura empresaria que todos los abriles realiza su tradicional Coloquio y que en el 2018 le dedicó gran parte del evento a cuestionar a los empresarios involucrados y a reivindicar la pobreza de profundizar las investigaciones contra los involucrados.

Sin incautación, a casi dos abriles de iniciada la causa, muy pocos son los hombres de negocios que recuerdan datos sobre la investigación.

Tapado por el cambio de gobierno primero; el nuevo alineamiento de la Justicia a ese cambio de rumbo político luego; y por los temas de coyuntura actuales que se debaten entre la profunda crisis económica que sufre la Argentina por la pandemia del coronavirus y el proceso de reestructuración de la deuda externa del país, el viejo caso de corrupción de toda la historia del país parece ser una chascarrillo más.

El fallecido juez Bonadio fue el impulsor de la investigación.

El fallecido magistrado Bonadio fue el impulsor de la investigación.

Cuadernos: ¿qué pasará con la causa?

El caso ya fue elevado a razón verbal por la contundencia de los testimonios y las pruebas acumuladas durante estos dos abriles de investigaciones y procedimientos dirigidos por el fiscal Carlos Stornelli, que dan cuenta de la existencia de arreglos para el reparto de los fondos entre ex funcionarios kirchneristas y poderosos hombres de negocios.

Sin incautación, la sensación que cubre a gran parte de la sociedad y de la dirigencia empresaria y política es que luego del regreso de muchos de los implicados al gobierno de la mano del Frente de Todos, el expediente va camino a «dormir el sueño de los justos».

Incluso, en contra del real significado de esta expresión con la que los griegos hacían relato a quien dormía en forma muy tranquila, porque no tenía cargos de conciencia y llevaba una vida ética y íntegro imperturbable. En la «Causa de los Cuadernos», la frase se aplica en otro sentido, más cercano a que la causa se encuentra frenada, casi dejada de flanco y sin avances.

Hace meses que prórroga turno para ser tratada por el Tribunal Oral Número 7 que hasta ahora no ha tomado ninguna osadía y que no lo haría mientras se mantengan las restricciones para el funcionamiento de los tribunales en el situación de las medidas para combatir el avance del coronavirus.

De hecho, solamente tres implicados permanecen detenidos, de los 49 ex funcionarios y empresarios que debieron cumplir con prisiones preventivas dictadas por Bonadío en el situación de este proceso que, a su vez, tuvo varias ramificaciones.

El zaguero excarcelado vio la luz del día el 28 de diciembre del año pasado cuando la Cámara de Casación ordenó la excarcelación de muchos de los ex funcionarios que quedaban detenidos en dicho expediente.

Fue Oscar Thomas, quien pagó una caución de $3 millones para salir y dejar nulo más que a Julio López; Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi en prisión y quienes en estos dos últimos casos cumplen adicionalmente una condena por sus responsabilidades en la indicación Tragedia de Once.

A Schavi, en abril pasado, la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) rechazó su excarcelación en la Causa de los Cuadernos, donde está procesado como supuesto miembro de una asociación ilícita dedicada a actos de corrupción que, para la honestidad, fue liderada por la presente vicepresidenta de la Nación.

La carátula de la investigación sumarial se inició gracias al trabajo de investigación del periodista Diego Cabot, del diario La Nación, y se conoce como «Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita«.

Fue secretamente preparada en abril del 2018 en el fuero penal federal de Bonadio, a partir de la digitalización de ocho cuadernos con anotaciones que realizara Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, por entonces el segundo funcionario más poderoso en la trayectoria del ex Ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio De Vido.

Durante 12 abriles, Centeno consignó en esos cuadernos sus viajes para cosechar sobornos en una serie de cuadernos que fueron entregados a la Justicia por Cabot y que sirvieron para iniciar una causa que creció a niveles impensados.

A partir de esos datos, la honestidad realizó 70 allanamientos en diversos lugares del país en oficinas de empresas nacionales e internacionales y en domicilios de exfuncionarios públicos; secuestró no menos de $6,4 millones; u$s1,5 millones; 235.000 euros adicionalmente de otros importes en monedas de países vecinos.

A esto se agregaron inmuebles y haberes que, según Bonadío, estaban vinculados a la distracción del país de importes que provendrían de los sobornos con los cuales se compraron en Estados Unidos propiedades con un valencia estimado en u$s70 millones.

En esta ramificación de la causa imputó a Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, su primo Carlos Gellert, Juan Carlos Campillo, ex ministro en la provincia de Santa Cruz y Víctor Manzanares, ex contador de Cristina Kirchner.

En la investigación se detallan los nombres de 15 empresas que se constituyeron para la compraventa de 16 inmuebles en Estados Unidos, adicionalmente de un plan inmobiliario en las Islas Turks and Caicos.

También se secuestraron más de 250 obras de arte con un valencia impreciso de $41 millones; armas de fuego y una gran cantidad de rodados y otros enseres.

La actual vicepresidenta es una de las principales figuras políticas imputadas en la causa.

La presente vicepresidenta es una de las principales figuras políticas imputadas en la causa.

Decenas de procesados

Bonadio cuantificó el suscripción de coimas y sobornos en unos u$s150 millones y dejó a 172 personas procesadas, de las cuales 136 son empresarios, 22 exfuncionarios y 14 testaferros, adicionalmente de 31 «arrepentidos».

Sin incautación, en la hogaño varios de quienes en ese momento colaboraron con la honestidad buscan despegarse de esa osadía argumentando que fueron «apurados» por el antedicho gobierno de Mauricio Macri para determinar en contra de Cristina Kirchner. Y hasta el propio Oscar Centeno hoy está «protegido» por gentío cercana a la Vicepresidenta a la prórroga del razón.

Hace unos días, la asimismo senadora doméstico fue desligada de una causa comparsa a la de los Cuadernos de Centeno cuando el magistrado federal Marcelo Martínez De Giorgi le revocó el procesamiento que se le había impuesto por sus vínculos con supuestos pagos de coimas por parte del Grupo Techint a ex funcionarios K con el objetivo de resolver un problema político que sufría su empresa Sidor en Venezuela durante el 2008 cuando fue expropiada por el gobierno de ese país.

El magistrado benefició con el mismo dictamen a Luis María Betnaza, un detención ejecutante del holding de la comunidad Rocca; al ex ministro De Vido; y para los ex funcionarios Baratta; José María Olazagasti y Claudio Uberti por estos hechos puntuales.

El procesamiento por el tramo vinculado a estos supuestos pagos ilegales fue dictado el 17 de septiembre del 2018 por Bonadio, a quien reemplaza Martínez De Giorgi, y asimismo tuvo como procesado al CEO de Techint, Paolo Rocca, pero la Cámara Federal porteña revocó esa osadía.

Durante el proceso, otros empresarios fueron beneficiados con medidas similares luego de ocurrir pasado algún tiempo bajo tras las rejas como ocurrió con los empresarios Carlos Wagner; Javier Sánchez Caballero; Héctor Zabaleta; Jorge Neyra y Gerardo Ferreyra, entre otros de quienes integraron el extenso relación de hombres de negocios implicados en el suscripción de coimas al gobierno de Cristina Kirchner para favorecerse con millonarios contratos de obras públicas.

Varios de los liberados se beneficiaron por la osadía de la Cámara Federal porteña que el año pasado, tras las elecciones de las PASO, consideró la inexistencia de peligro procesal que justificara las detenciones como el caso de Gerardo Ferreyra, uno de los dueños del categoría cordobés Electroingeniería, implicado en el suscripción de coimas y que debió cumplir prisión domiciliaria.

Otros lograron regresar a sus hogares a partir de la nueva observación sobre las restricciones a las prisiones preventivas implementadas en el Código Procesal Penal.

De este modo, a casi dos abriles desde el inicio de la investigación, de más de un centenar de allanamientos; detenciones y de 49 prisiones preventivas dictadas contra ex funcionarios y empresarios, sólo quedan tres imputados en la mazmorra.

Entre los hombres de negocios que caminan independientemente a la prórroga del supuesto razón verbal se encuentran Javier Sánchez Caballero; Gerardo Ferreyra; Claudio Javier Glazman; Jorge Guillermo Neira; Armando Roberto Loson y Carlos Mundín; Francisco Valenti y Juan Goicochea.

A esta serie se suma Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex dueño de la constructora Iecsa, quien quedó imputado, declaró que hizo pagos destinados a campañas electorales del kirchnerismo, fue aceptado como imputado colaborador y se le eximió de prisión.

Del mismo modo, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, obtuvo su confianza luego de ocurrir estado detenido y confesar los pagos yuxtapuesto a un categoría de empresas contratistas del Estado que cartelizaban la obra pública.

Aseguró que los sobornos se disfrazaban como adelantos de obra que pagaba el Estado doméstico y que ascendían al 10% o 20% del total de la obra o que se entregaba una parte de lo que iban recibiendo como certificados de obra.

Otro dibujado fue Aldo Roggio, dueño de una de las grandes empresas contratistas del país, que lleva su nombre y de la cual debió alejarse para evitar gestar daños a los negocios del categoría.

Juan Carlos Lascurain, quien fue presidente de la Unión Industrial Argentina, asimismo cumplió prisión preventiva, al igual que Carlos Mundín, de la empresa BTU; Rodolfo Poblete, extitular del Grupo Romero.

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