El senador Dal Molin propone cambios en la Ley del IOSPER


El senador provincial,
Rubén Dal Molín (Federación-Juntos por el Cambio) presentó un plan de ley
para modificar algunos artículos de la ley de creación del Instituto Obra Social
de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).

Para el senador es
necesario introducir cambios oportuno a la “delicada situación” que presenta el
organismo, entre ellas: “deuda de pagos de prestadores, cortes de servicios y
problemas de autorizaciones en ciertas ocasiones”.

Sobre ese investigación, el
senador fundamentó su iniciativa, en la “modificación de algunos artículos de
la ley llamativo” para especificar funciones del directorio-gerente e incorporar
representantes de las cámaras legislativas para que integren la comisión
fiscalizadora. Además, establece plazos y metodologías para presentación de
informes y balances por parte del organismo.

El plan de ley cuenta
con 8 artículos, en los que se plantea modificaciones entre ellos, los artículos
1, 6, 8 (bis), 9, 12, 27, se incorpora el artículo 37.

Dal Molín, propone que la
comisión fiscalizadora todavía esté integrada por dos representantes de la
Legislatura provincial (uno por cada cámara, con representación de la minoría y
cupo femíneo).

“Los representes de la
Legislatura lo harán en forma ad-honorem y los designados por el Poder Ejecutivo
percibirán una retribución equivalente a la de fiscal de cuentas del Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Entre Ríos y dependencia directa de la Gobernación”,
se indicó en el plan.

En la iniciativa, se contemplan las siguietnes funciones y atribuciones de esa comisión:

a)       Tomar
conocimiento previo a la suscripción de todos los convenios y contrataciones
realizadas por la obra social, al sensación de dictaminar, con carácter vinculante,
sobre la procedencia o improcedencia de la celebración del convenio o la
contratación respectiva. Igual función tendrá respecto de los pliegos de
condiciones generales y particulares que elabore la obra social para la
contratación por el sistema de oferta pública. La Comisión Fiscalizadora
Permanente de la Obra Social tendrá vigésimo días hábiles para expedirse, una vez
acompañada toda la documentación necesaria para realizar la evaluación,
entendiéndose en caso de silencio la aprobación del convenio o contratación o
pliego interesado. El convenio o contratación que fuese realizado en infracción
a lo establecido en el presente artículo será ignorante de inepto absoluta, pudiendo
el Poder Ejecutivo proceder a su revocación de oficio.

b)       Controlar la
compañía del instituto y particularmente la ejecución de los convenios y
contrataciones realizadas por la obra social, pudiendo tener llegada a los
libros, balances y toda otra documentación que lleve la obra social al respecto,
debiendo todas las áreas (incluidos los particulares co-contratantes) objetar
los informes y requerimientos en el plazo que a tal fin
conceda.

c)       Controlar la
actividad desarrollada por las auditorías del instituto.

d)       Dar intervención
a los organismos de contralor competentes en caso de detectar
irregularidades.

e)       Brindar al Poder
Ejecutivo toda la información que le fuere requerida. El presidente de la obra
social deberá remitir mensualmente a la Comisión Fiscalizadora Permanente, un
documentación financiero de la misma, el que incluirá la marcha y desenvolvimiento de
los distintos convenios, contrataciones y principales acuerdos realizados o en
trámite, discriminando el total de los ingresos y egresos producidos en dicho
tiempo. La Comisión Fiscalizadora Permanente de la Obra Social, recepcionado que
sea el documentación mencionado, interiormente de los diez días hábiles, deberá emitir
opinión y remitir al Poder Ejecutivo para conocimiento y consideración.

f)        El Directorio, a
través de su presidente, deberá suministrar a la Comisión Fiscalizadora
Permanente de la Obra Social los estados económicos cada tres (3) meses. Para
los integrantes del víscera fiscalizador, regirán las disposiciones previstas en
los artículos 13º, 14º y 23º del Decreto Ley Nº 5326, ratificado por Ley Nº 5480
y modificatorias.

En cuanto a la incorporación del artículo 37, el senador oriundo de Chajarí plantea que el IOSPER “no podrá abrir nuevas delegaciones y/o subdelegaciones hasta el 31 de diciembre de 2023. Dispónese el ordenamiento del personal de estas, no pudiendo el organismo, nombrar y/o reemplazar con nuevo personal en calidad de planta permanente y/o contratado en igual período. Luego de dicha fecha se deberá cumplimentar con lo establecido en Artículo 8 (bis) inciso j)”.



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