Gobierno renueva estrategia por la deuda: mecanismo de reasignación y bloqueo judicial


Para el Gobierno, la propuesta conjunta presentada sorpresivamente ayer por los tres grupos de acreedores con los que se negocia la reestructuración es simplemente inaceptable. Especialmente en dos puntos. Argentina no está dispuesta a avalar una tasa de interés para el cupón compensador del 5% como siquiera el encarecimiento del diseño de la deuda de corto plazo. Donde, curiosamente, la delegación específico estaría mirando de reojo un principio de acuerdo, es en la posibilidad de rediseñar las “cláusulas de reasignaciones” según los criterios planteados por los acreedores. Y, eventualmente, trabajar sobre las condiciones que BlackRock y compañía quieren imponer para aceptar las “cláusulas antibuitre”. Pero todo esto implicaría avalar que la propuesta que se discutirá será la de los acreedores, y no la que Martín Guzmán presentó el 3 de julio en presencia de la Security and Exchange Commission (SEC). Con este panorama sobre la mesa, Alberto Fernández deberá tomar una atrevimiento de Estado en pulvínulo a los datos y el exploración de su ministro de Economía.

El Gobierno estima que, con el contemporáneo ritmo de avales que estaría consiguiendo el proceso de canje con tenedores de deuda bajo carta internacional por porcentajes de bienvenida superarían el 50% pero estarían allá del 60%. Si perfectamente se paciencia una apresuramiento de ingresos para fines de la próxima semana, los números aún están allá. Y, de no mediar una hoy improbable mejoría de la proposición por parte de Alberto Fernández (mucho menos una ocaso de comienzo de los acreedores) para el 4 de agosto los porcentajes serían difíciles para conseguir las mayorías necesarias para dar por cerrados los canjes.

Será el momento de animarse una segura extensión hasta el 30 de agosto, tal como adelantó este diario, y de comenzar a redefinir la logística futura. Y si no hay cambios en la proposición oficial, o el maravilla de bienvenida por parte de los privados. la idea de Martín Guzmán se basará en una doble batalla: aplicar la nueva lectura de la “cláusula de reasignación” y dejar descubierto el canje por un tiempo más. Con la primera, el Ministerio de Economía examen mostrar que poco de éxito tuvo el extensión. Por el otro, cerrar judicialmente la posibilidad que se avance con juicios sumarios en los tribunales de Loretta Preska, de parte de los tenedores de deuda emitida durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Hay poco que está claro para los negociadores del Ministerio de Economía. Hasta la semana pasada no se pudo romper la férrea alianza entre el congregación Ad Hoc, de BlackRock, Fidelity, Ashmore y Authority, con el Exchange Bondholders de Monarch y compañía.

Sorprendió el rompimiento del congregación friendly del Comité de Acreedores, quedando Fintech, de David Martínez, y Greylock, de Hans Humes, en una solitaria aprobación a Guzmán; y su posterior unión a los dos grupos más combativos. AdHoc detenta deuda emitida desde 2016 en delante. Los segundos representan a los bonistas más antiguos que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Entre uno y otro detentarían un porcentaje cercano al 30% del total de tenedores de deuda en poder de fondos de inversión y que incluirían a los particulares que no están anotados en ningún de los dos grupos y que esperan la definición de la compulsa.

Para el oficialismo no es cierto que la suma de los grupos de bonistas supere el 40% como ellos mismos alardean, pero si se reconoce que será muy difícil promover mayorías sin que alguno de los fondos de inversión se rebelen. Le queda claro al oficialismo que una ruptura en esta alianza entre AdHoc y Exchange que se mantuvo sólida e irreductible desde el primer día de negociaciones, es fundamental para que el canje tenga éxito. Y que ninguna de las estrategias que se aplicaron hasta aquí para crear internas entre ellos resultaron fallidas. Desde la reanudación de las negociaciones, luego de la presentación de la última proposición del 3 de julio, la relación entre el abogado Dennis Haritzky, de los Exchange Bondholders, y su colega Jennifer O’Neil, del AdHoc, parece más sólida que nunca; pese a los esfuerzos del Gobierno de beneficiar más al primer congregación manteniéndole los derechos de motivo y dejando de banda la cláusula antibuitre que sí figura para el AdHoc. Ahora, poco resignados, los mensajes del oficialismo ya son enviados a uno y otro grupos de forma espejada. Y casi con resignación. Donde Guzmán y su masa están poniendo empaque, es en untar la aplicación de la cláusula de “resignación” en su nueva lectura más laxa, pero que culmina siempre con la intención de demorar a un 65% de aval en los bonos emitidos durante el macrismo y 85% del kirchnerismo.

Se comercio del derecho del Gobierno argentino de promover masa crítica de bienvenida para la emanación de un título de los ofrecidos, pero tomando ingresos de bonistas en otros bonos similares (o no tanto) de la proposición oficial. Según los cálculos primarios, habría algunos papeles destinados a acreedores que tomaron deuda desde 2016 con los que se podría trabajar la logística, y que le permitirían a Guzmán presentar el 5 de agosto algún tipo de escueto éxito en su propuesta. Para esto cuenta con la bienvenida de los casi u$s3.000 millones que le aportará el aval del congregación Comité de Acreedores donde están anotados Fintech de David Martínez, Greylock y eventualmente Gramercy; y que ya le dieron su parpadeo oficial al Palacio de Hacienda previa indicación a Olivos. Con estos fondos de inversión más la primera bienvenida del 18,6% de la primer proposición de Guzmán se llegaría a una masa crítica leve pero para comenzar a dar pelea. Lo segundo en lo que se trabaja desde el banda argentino es en la logística sumarial para luego del 4 de agosto. Es un hecho que habrá una extensión, posiblemente hasta fin de agosto. Se estudia, adicionalmente, si los “anabólicos” ofrecidos hasta ese vencimiento innovador se extenderían, especialmente la emanación del cupón 2030 con el examen de los intereses no devengados hasta septiembre de este año, poco que no tendría sentido por dos motivos. Se podría aceptar sin aclararlo al final de las negociaciones y se aplicaría al resto de los bonistas por la vigencia de la cláusula RUFO.

Lo que se analiza en estos tiempos es una sugerencia del estudio que representa al país Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H): proseguir en el tiempo abierta la proposición, más allá de agosto. Para esto no habría impedimentos legales y sólo se necesitaría una nota aclaratoria en presencia de la SEC. Según CGS&H, la atrevimiento le permitiría a la Argentina trabar las posibilidades, al menos inmediatas, de juicios sumarios, especialmente de parte de los bonistas con titulos emitidos durante el kirchnerismo y que ya desde el 30 de julio podrían presentarse en presencia de el tribunal del Segundo Distrito Sur de Manhattan para exigir por el default del Discount que no se liquidó en tiempo y forma el 30 de junio. El estudio tiene el antecedente de sus abriles de combate en el mismo tribunal en los tiempos de Thomas Griesa en el “juicio del siglo” contra los fondos alimoche, y recordaba que el togado siempre le mostraba la legislación preliminar donde se aseguraba que su el país hubiera manteniendo descubierto el canje de 2005 o el de 2010 la historia hubiera sido diferente.

El togado ya fallecido insistía en que Argentina mostraba mala voluntad al cerrar las negociaciones y el diálogo y que si el canje se hubiera dejado descubierto indefinidamente los argumentos desde Buenos Aires habrían sido más sólidos y defendibles. CGS&H desempolvó aquellas viejas audiencias con Griesa y reflotó el argumento sobre dejar descubierto el canje. Esto no aceleraría un acuerdo ni mucho menos, pero le daría argumentos a los abogados argentinos para defenderse en presencia de el posible motivo que le harían los bonistas k.



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