Guerra de nervios entre Guzmán y acreedores para modificar CAC


La Argentina y los acreedores están de acuerdo en un punto: cualquier altercado de las “cláusulas antibuitre”, para que tengan fuerza legítimo en presencia de eventuales juicios en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Manhattan, deberán tener algún tipo de avales formales que los institucionalice. Y la intervención de, al menos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el G-20, la Asociación Internacional de Mercado de Capital (IMCA) y la Security and Exchange Commission (SEC). Si estos tres organismos intranacionales de Wall Street e internacionales dieran el aval formal y por escrito, probablemente el Gobierno de Alberto Fernández y los tres grupos que representan a los acreedores podrían modificar reglas de colocación de deuda soberana, especialmente para países soberanos, vigentes desde 2014. Y, en consecuencia, negociar flexibilizaciones a esas normas que la Argentina pudo aplicar desde la colocación de deuda de 2016 en delante y que limitan severamente las embestidas eventuales de los fondos aprovechado o de bonistas de minoría que no acepten acuerdos con mayorías sólidas; poco que, evidentemente, no es el caso del proceso lugar. El problema del mecanismo predilecto y aceptado por las dos partes hoy en disputa, es que un cambio de este nivel y características nunca llegaría a tiempo para poder ser estudioso para las negociaciones entre el Ministerio de Economía y los acreedores.

Como pequeño, un debate de este nivel y características demandaría al menos un año en avanzar y alargarse a un aval institucional y, luego, a un plan de obra que las partes pueda utilizar sin riesgos de juicios para el país. Mientras tanto, la intención del Palacio de Hacienda y los acreedores sólo podría tener guiños o señales, pero sin solidez legítimo en presencia de el tribunal que hoy maneja Loretta Preska. El antecedente temporal de los cambios en las reglas de esparcimiento de puesta en circulación de deuda soberana le juegan en contra al país en este tema. Los cambios aplicados desde 2014 en Argentina se pusieron en funcionamiento desde la colocación de unos u$15.000 millones que organizó Alfonso Prat Gay en abril de 2016 para malvender el plazo a los fondos aprovechado y comenzar la reconstrucción del inmovilidad fiscal a comienzos del gobierno de Mauricio Macri. El debate para las nuevas cláusulas antibuitre aplicadas desde 2014 son fruto de un debate internacional surgido luego de la crisis mundial 2008 y, en parte, como consecuencia del “juicio del siglo” sufrido por la Argentina. En líneas generales, el tiempo de discusión para avalar las modificaciones demandó no menos de dos abriles y se aplicaron por primera vez en las colocaciones de deuda de Ecuador y Ucrania. El caso argentino de 2016 fue fruto de la cercanía del entonces equipo financiero con Wall Street, ya que en ese tiempo aún el país era calificado como “deudor recalcitrante”. Una revisión somera de los tiempos de los organismos involucrados lo demuestran.

El FMI podría dar algún tipo de opinión formal, pero a nombre de la directora directivo Kristalina Giorgieva. Para una valentía de fondo se necesitaría esperar a una reunión del board y que se acepte pelear el tema en relación al estudio de fondo de la renovación del acuerdo entre el organismo y el país. Pero siempre aclarando en este capítulo que no se proxenetismo de un capítulo que esté bajo su competencia. El G-20, organismo que integran un mix de países que representan a todo el tierra, tiene su próxima cumbre del 21 al 22 de noviembre en Rihad, Arabia Saudita y, por lo que se sabe, el tema central será las consecuencias sociales, políticas y económicas del covid19. Será difícil, pero no increíble, que la Argentina (miembro activo del camarilla), pueda introducir el tema en la discusión. Se trataría entonces de una cuestión que se deberían tratar la SEC y la IMCA. Si proporcionadamente son dos organismos burocráticos con responsabilidad mixta (conocido y privado), serían los únicos que tendrían la posibilidad concreta de establecer como institucional y legalmente posible aplicar cambios en las “cláusulas antibuitre”.



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