La IGJ dictaminó la disolución de la firma Re/Max por actividad ilícita


En este contexto, el presidente de Cucicba, Armando Pepe, señaló que, de acuerdo con el ordenamiento reglamentario, “existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el corretaje inmobiliario”, y “estas últimas no pueden ser franquiciadas”.

“Hemos dado un paso histórico. Este es un éxito en la defensa de los derechos de los corredores y del ejercicio legal y legítimo de la profesión, y lo compartimos con todos nuestros matriculados”, afirmó.

Pepe detalló que, bajo la modalidad de franquicia, la empresa “recluta gente que no está en relación de dependencia sino bajo Monotributo, para eludir pagos de cargas sociales”.

“En cada sucursal tienen unas 80 o 100 personas a las que no les pagan nada, sino que les cobran 250 dólares por mes por uso del escritorio y papelería; factura el trabajador, no pagan Impuesto a las Ganancias ni Ingresos Brutos, es una competencia desleal totalmente”, afirmó.

Asimismo, indicó que “la empresa Re/Max Inc. se lleva la plata fuera del país, una parte muy importante de lo que facturan se va fuera del país”, y destacó que “a partir de la investigación que hizo la IGJ, que es espectacular, investigaron en Estados Unidos y allá no tienen ni edificios, funcionan en la suite de un hotel”.

En tanto, Re/Max expresó a través de un comunicado de prensa su “enfático” rechazo al contenido de la denuncia de Cucicba por considerar que “es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de Re/Max”.

“Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, llevando el mejor servicio inmobiliario”, afirmó la firma.

En ese texto, Re/Max se autodefine como “una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados”.

Por su parte, Armando Pepe señaló que, a partir de la resolución adoptada por la IGJ, Re/Max “no pueden apelar” porque, a nivel sumarial, “ya está decretada la disolución de la empresa”.



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