policía, toma de tierras y coronavirus


El director se sorprendió por una protesta de los uniformados, preciso cuando estallan las tomas ilegales de terrenos y la levantamiento en presencia de la cuarentena

Los tiempos se aceleran. El menoscabo del clima social y político se está dando mucho más rápido de lo previsto y ya no se manifiesta casi nada en encuestas de opinión pública ni en comentarios de las redes sociales, sino de formas mucho más contundentes, como la presencia de policías en conflicto, que reclaman a voz en cuello mejoras salariales en la mismísima puerta de la casa de Axel Kicillof.

El aliciente sindical de los policías es el hecho que sintetiza todos los problemas de la coyuntura doméstico la crisis económica, el aumento de la violencia, el agravamiento de la pandemia-, que encuentran, como siempre, su ocasión de longevo intensidad y amplitud en el conurbano porteño.

Los funcionarios dejaron deducir su sorpresa por cómo había escalado la protesta, que no se limitó a piquetes en La Plata sino que incluyó actos de protesta en partidos del conurbano, como Almirante Brown, Varela, Berazategui, Caseros, Pilar, Adrogué, Malvinas Argentinas. Y además se hizo distinguir con actos de ciudades importantes toda la provincia, incluyendo Mar del Plata, Bahía Blanca, Pehuajó, Azul, Junín, Necochea, Olavarría y Bragado.

Pero pese a la sorpresa de la administración Kicillof, ya se venía hablando de una especie de sublevación. Por caso, Florencia Arietto, ex asesora de seguridad en los tiempos de Patricia Bullrich, había aventajado días a espaldas en una entrevista televisiva que tenía la información de una movilización policial por reclamos salariales.

El gobierno provincial tuvo que salir de apuro a confirmar que está previsto un incremento salarial las versiones indicaban 30%- para los uniformados.

«Era algo que ya estaba previsto, ya estaba planeado, pero por las circunstancias del día de ayer nos parece pertinente ratificarlo para dar mayor certeza», dijo Carlos Bianco, patrón de ministerio de la provincia, en lo que pareció un intento por marcar la desatiendo de alegato de las protestas.

Sin requisa, del flanco de los policías la percepción no fue la misma. Más perfectamente, la sensación que transmitieron fue que el anuncio del plan de seguridad trajo más irritación que alivio. En un acto adyacente al presidente, la plana longevo de la provincia había aventajado el viernes que se incorporarían 10.000 nuevos policías para Buenos Aires, encima de una serie de mejoras tecnológicas como las «paradas inteligentes». Y que, en definitiva, el plan implicaría una inversión de $38.000 millones.

El plan obedeció a una menester del Gobierno por dar respuesta a las demandas de longevo seguridad frente a la ola de delincuencia, y además a dar una imagen de firmeza política en presencia de el descontrol de las ocupaciones de terrenos. De hecho, el discurso de Alberto Fernández tuvo frases sugestivas, que no parecieron dirigidas a los típicos «motochorros» sino más perfectamente a la delincuencia organizada de «los que quieren ser más vivos que el Estado».

Pero el anuncio tuvo un intención colateral inesperado: aceleró el malestar policial. Con bajos sueldos incluso en la comparación con uniformados de otras fuerzas como la Federal y la Metropolitana- y en la primera cadeneta de fuego contra la delincuencia, los policías bonaerenses interpretaron que en ese anuncio no se contemplaba su situación.

Los uniformados de la provincia sintieron más que colegas de otros distritos el impacto de la cuarentena, ya que es una maña extendida el servicio en horas extra para eventos deportivos o de espectáculos, que quedaron suspendidos por las medidas de restricción de actividades.

Además, con 11.000 contagiados la policía es el segundo rubro más afectado por la pandemia, detrás del personal de salubridad. Implica el 13% del total de familia contagiada en situación profesional, según un crónica de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

En definitiva, con menores ingresos, riesgos permanentes por el delito y la pandemia -y ahora encima con la posibilidad de ser llamados a intervenir en conflictos sociales potencialmente masivos, como la ocupación ilegal de terrenos- los policías se encontraron con el anuncio de que habrá $38.000 millones para alentar la seguridad. Era el «timing» valentísimo para idear las reivindicaciones.

El malestar policial no se apaciguó ni siquiera tras la confirmación del incremento salarial

El malestar policial no se apaciguó ni siquiera tras la confirmación del incremento salarial

Desconfianza creciente en un circunstancia enrarecido

Lo cierto es que ni siquiera con la confirmación oficial de que había un aumento salarial a punto de definirse se desactivaron las manifestaciones, que continuaron durante toda la marcha del martes. Lo cual no hizo más que revivificar las especulaciones políticas en el sentido de que el enojo trascendía la cuestión salarial e incluye otros «pases de facturas».

El Gobierno, tanto a nivel doméstico como provincial, se focalizó en descabalgar el tono político de la protesta policial, que explotó en los debates de las redes sociales.

«No podría afirmar que son cuestiones políticas. Los reclamos son muy acotados, muy puntuales y creo que se producen también porque hay estrés y mucha demanda», dijo la ministro de Seguridad, Sabina Frederic, quien intentó mostrarse comprensiva al afirmar que los policías «vienen de cinco meses de haber puesto el cuerpo en los controles permanentemente y son bastante invisibilizados».

Aun así, dejó un recordatorio para los organizadores de la protesta, en el sentido de que los miembros de fuerzas del orden no tienen derecho a la sindicalización, por lo cual «esas protestas están por fuera del régimen disciplinario y son injustificados porque generan estado de alarma en la población».

Pero más allá de las palabras de Frederic, lo cierto es que fue fatal que aparecieran las suspicacias en el sentido de un explotación político de la situación.

Fue así que la ministro de gobierno de la provincia, Teresa García, fustigó a Cristian Ritondo, el ex ministro de seguridad durante la administración Vidal, por sobrevenir dicho: «Si a estos les estalla un episodio de esta magnitud a los nueve meses de gobierno no quiero imaginar qué pasará más adelante».

García calificó al ex funcionario como «poco serio e imprudente» por descalificar la capacidad de la administración Kicillof para resolver los problemas de la provincia. Y contraatacó: «El propio Ritondo, el procurador Julio Conte Grand y la ex gobernadora María Eugenia Vidal fueron los responsables de apremios, aprietes y escándalos que hoy salen a la luz en el marco de la causa de las escuchas».

También se comentó la forma en que la ex asesora Arietto estaba enterada de una protesta en ciernes que era ignorada por los funcionarios. La ex asesora de Bullrich habló sobre malestar en las bases policiales, quejas por desatiendo de conducción y la percepción de «un discurso antipolicía» en el Gobierno. Pero eso no fue todo, sino que luego la ex funcionaria publicó mensajes de apoyo a la protesta.

El clima político enrarecido que se está creando, y que incluye la convocatoria a un nuevo «banderazo» para el próximo domingo, ha puesto en alerta al kirchnerismo, que empezó a ver señales de intentos destituyentes por parte de la examen.

Contribuyó a ello una sugestiva frase de Elisa Carrió que, entrevistada por TN, quien en un supuesto intento de transmitir confianza en el futuro del país invitó a reflexionar «no el por qué sino el para qué de la pandemia». Una frase que se interpretó como la insinuación de que la enfermedad podría traer como intención colateral una deterioro más rápida de lo previsto del gobierno peronista.

El propio Kicillof dejó deducir su desconfianza por la situación generada, al señalar que si perfectamente el aliciente policial era preciso, percibía «una mano negra» de la política.

En ese clima, el Gobierno, empezando por Kicillof, está atravesando el test más duro desde el inicio de la administración. El director porteño debe confrontar la efectividad de las ocupaciones masivas de terrenos, instigadas por las mafias del sector inmobiliario informal pero protagonizadas por indigentes reales.

Y, en presencia de la dilema de si privilegiar la «mano dura» o la visión comprensiva del aberración social, decidió dejar en manos de la probidad la atrevimiento de fondo. Una primera respuesta llegó con el error sobre el desalojo del predio de Guernica, donde se realizó la longevo ocupación.

Pero la administración del desalojo le corresponde al director, preciso en un momento de tensión con la policía. Ayer, al tiempo que se conocía esta atrevimiento legislativo, se hacían distinguir los reclamos para que Sergio Berni, el mayor indicativo del «kirchnerismo de mano dura» se hiciera presente en el conflicto.

Luis Tonil, presidente de la defensoría policial de la provincia, dijo en una entrevista radial que el gobierno de Kicillof había inexacto el acelerar al tratar la protesta como un conato de huelga, cuando había sido protagonizada por personal en franco de servicio y que, por lo tanto, no está expuesta a sanciones. El representante policial se quejó de la desatiendo de disposición al diálogo por parte de Berni, a diferencia de su antecesor Ritondo.

La justicia ordenó el desalojo de la toma de Guernica, justo cuando Kicillof sufre el embate de la protesta policial

La probidad ordenó el desalojo de la toma de Guernica, preciso cuando Kicillof sufre el embestida de la protesta policial

Este tipo de contradicciones están allí de terminar. Más perfectamente al contrario, aparecen señales preocupantes sobre posibles enfrentamientos entre civiles. Por caso, en La Matanza se produjo la ocupación de viviendas de un software social, casi terminadas y que ya estaban adjudicadas. En definitiva, indigentes sin hogar ocuparon casas asignadas a otros pobladores de bajos ingresos que habían conseguido tomar la cobertura estatal. Una situación potencialmente explosiva.

En ese contexto, el Gobierno apela a soluciones desesperadas, como por ejemplo el plan para reubicar a los ocupantes de terrenos en predios fiscales en el ámbito rural, y sustentar la cesión en comodato para evitar la tentación de «la reventa a latifundistas».

Claro que para el atribulado Kicillof son propuestas de larguísimo plazo. El director tiene que delimitar ahora qué hacer, por ejemplo, con el predio del ferrocarril en Victoria, donde un arraigo irregular se expandió con una nueva toma de terrenos y, en presencia de la situación de inseguridad, hubo que suspender el tránsito del tren.

Debe, encima, tener una previsión sobre qué hacer si Berni no logra manejar la situación policial y si, eventualmente, se debe convocar a las fuerzas federales ya no sólo para prestar servicios sino eventualmente para disuadir a otros uniformados para abjurar la protesta.

Y, como ruido de fondo, el avance imparable de la pandemia, en coincidencia con un conato de levantamiento por parte de los municipios que quieren aclarar las actividades productivas, como ya ocurrió con Tandil.

En ese contexto de urgencias, el único consuelo de Kicillof es que, a diferencia de lo que le pasaba a Daniel Scioli con Cristina Kirchner, él contará con trato preferencial a la hora del reparto de fortuna. Por lo pronto, la ampliación presupuestaria de este año le garantizó un fondo específico de $50.000 millones más una cadeneta crediticia por otros $15.000 millones. Y tendrá la posibilidad de cerciorarse más fortuna para el año próximo con el presupuesto que se discute desde la próxima semana.

Sin requisa, ni siquiera ese refuerzo a la billetera parece ser suficiente como para aliviar los problemas de un director al que el cronómetro le empezó a valer mucho más rápido de lo previsto.



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