Preska le puso precio al pago residual del juicio del siglo


La intención de terminar el histórico altercado liquidando la deuda residual con los bonistas que no aceptaron la negociación flamante de 2016 fue audacia del Gobierno de Mauricio Macri, proceso aún destapado por acreedores que no habían aceptado la propuesta de suscripción elaborada por Alfonso Prat Gay en abril de 2016. Y que eligieron pleitear en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Manhattan aún con Thomas Griesa en sus últimos abriles de mandato. La causa fue heredada por Preska, que en abril de 2018 le dio definitivamente la razón al país y cerró la causa dejando en firme el acuerdo que el Gobierno de Mauricio Macri había firmado con los acreedores litigantes y Griesa en el entorno de la negociación del entonces Special Master, Daniel Pollack.

El causa por el primer aliciente contra la Argentina fuera de los bonistas que habían cerrado el acuerdo de abril de 2016 fue iniciado por el fondo Bainbridge, representado por el abogado Anthony Constantini, de la firma Duane Morris que tiene sede en Bahamas. Reclamaba disgustado por unos u$s65 millones, y pedía una tasa de interés extra a la que se había dependencia entre Prat Gay y Pollack, de un 3% total. A este fondo se le sumaron otros reclamos, incluyendo el de Trinity y de Attestor; por otra parte de otros nombres como HWB Victoria Strategies Portfolio, Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y el U.V.A. Vaduz. Todos estos circularán por el tribunal de Preska para cobrar lo que la jueza les ordene. En total, los reclamos residuales llegaban a unos u$s800 millones en bonos, en manos de unos 30 inversores particulares y un puñado de 10 fondos buitres.

Representaban menos del 1% de los holdouts, que aún a abril de 2016 habían quedado fuera del llamado a terminar con el causa. Luego, en mayo de 2016, Griesa dejó en claro que el acuerdo cerrado entre Prat Gay, Pollack y los acreedores liderados por Paul Singer era el válido y definitivo, con lo que uno a no fue rechazando los reclamos en su chancillería. La misma política continuó ejecutando Preska. Sin incautación, la deuda continuó flotante y sin cerrar. Finalmente, en septiembre del año pasado, el Gobierno de Macri llamó a regularizar la situación, política que continuó la mandato de Alberto Fernández.



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