Según una consultora, 2,8 millones de personas habrían falseado datos para cobrar el IFE


Esta semana el Gobierno franquista comienza a retribuir la tercera etapa del ingreso frecuente de emergencia (IFE), el software que se implementó con el inicio de la pandemia de coronavirus para asistir con 10 mil pesos a los sectores informales, los más castigados económicamente por la cuarentena.

Las dos primeras versiones llegaron a 8,8 millones y 7,8 millones de personas, respectivamente (incluyendo los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y por gestación); y se demora que la coetáneo calibre a un número cercano a los siete millones.

Más allá de la imperiosa e innegable requisito de un aporte estatal extra para engrosar las finanzas de millones de argentinos que no pudieron (y aún no pueden) trabajar, o que vieron caer drásticamente sus ingresos producto de las restricciones derivadas de la pandemia, el plan tiene fisuras que se ven expuestas en un mensaje pulido por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDeSA).

En la publicación, titulada “¿Por qué el IFE no es eficiente?”, IDeSA dice que “existen fallas en su diseño que llevan al derroche y a filtraciones de recursos” y que estos problemas “deberían ser tenidos en cuenta, especialmente ante la débil situación fiscal actual”.

Más aún si, como se especula, el IFE será la saco de un plan de auxilio permanente: el ingreso esencial universal (IBU).

El principal error no es de cobertura, sino de focalización, dice el mensaje de la consultora presidida por el economista Jorge Colina y cuya directora ejecutiva es la coetáneo secretaria de Planeamiento y Modernización de la Municipalidad de Córdoba, Alejandra Torres.

El planteo de la consultora es amplio y expone varios problemas que, en la mayoría de los casos, se vinculan con lo que califica como “información defectuosa” que se usó para elaborar la saco de datos y con una “evaluación imperfecta” de las evacuación de los beneficiarios.

Según IDeSA, por esto se vio desbordada la estimación auténtico de un universo de entre 3,6 y 4 millones de potenciales receptores.

El talón de Aquiles

Para IDeSA, lo más cuestionable de todo el software es que le dio a cada persona la posibilidad de considerarse como rama frecuente personal a través de una simple enunciación jurada.

Según la ANSeS, “el grupo familiar podrá considerarse unipersonal por declaración jurada del solicitante” que, si tiene menos de 25 primaveras, para percibir el beneficio, “deberá acreditar un domicilio de residencia distinto al de sus padres para que se lo asimile a un grupo familiar unipersonal”.

“En caso de que más de una persona de un mismo grupo soliciten la prestación, se dará prioridad a la mujer”, dice el organismo oficial.

De acuerdo con el final reporte de ANSeS, resultaron beneficiados en el IFE I 4,1 millones de hogares unipersonales, el 46 por ciento del conjunto de receptores (el 64 por ciento si se separa del cálculo a los beneficiarios de la AUH). “Sin embargo, esa cifra dista mucho de lo relevado por INdEC en la encuesta permanente de hogares (EPH)”, dice IDeSA.

Según el cálculo de la consultora, extrapolando los datos de la población urbana de la EPH a la total del país, se llega a poco más de 1,3 millones de hogares unipersonales.

Esto es una tercera parte de los beneficios efectivamente liquidados en ese perfil de receptores (4,1 millones).

Para IDeSA, “claramente hubo una tendencia a emitir una falsa declaración jurada de muchas personas para poder hacerse con el beneficio”, por lo que “numerosos hogares recibieron más de un ingreso familiar”, cuando uno de los requisitos era que lo recibiera una única persona por hogar.

La otra posibilidad es que “haya habido personas que, perteneciendo a una familia no vulnerable, tras identificarse (por declaración jurada) en situación de hogar unipersonal, hayan pasado a calificar para el beneficio, debido a que no poseen ingresos propios o estos sean inferiores al máximo de 33.750 pesos”.

Los números de IDeSA coinciden con un mensaje de abril de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación realizado premeditadamente del IFE titulado “Análisis y desafíos para la transferencia de ingresos a trabajadores precarios”.

Allí se expone, al caracterizar la población potencialmente beneficiaria por la cantidad de miembros, que sólo el 13,4 por ciento reside en hogares unipersonales. El estudio toma como saco la EPH del tercer trimestre de 2019.

Patrón de etapa

Dividiendo a las personas que conforman hogares unipersonales por tramos de etapa, de acuerdo con la EPH (extrapolada a todo el país por IDeSA), hay en Argentina 119 mil personas entre 18 y 24 primaveras que estaban (al primer trimestre de 2020) desocupadas, inactivas u ocupadas ganando ingresos menores al mayor establecido para encuadrar para el IFE.

Sin bloqueo, en ese rango etario, recibieron la ayuda un total de 1,7 millones, que son los que declararon comportarse en hogares unipersonales.

Algo similar ocurrió para el tramo de etapa que va de 25 a 34 primaveras, donde el cálculo de IDeSA -con saco en INdEC- hacia lo alto a 248 mil hogares, pero en el IFE se multiplican por cinco: 1,1 millones recibieron el beneficio.

La tendencia es menos pronunciada en el resto de los rangos de etapa e incluso se invierte tenuemente en el final tramo etario.

“Un gran número de beneficios fueron otorgados a hogares que no estaban planteados en el objetivo de este programa, lo que lleva a una gran ineficiencia”, dice IDeSA.

“Se podrían haber obtenido los mismos resultados sociales a un costo menor, o se podría haber entregado un monto más alto a la población objetivo, con el mismo costo para el Estado”, agrega.

Otro de los puntos débiles que denuncia IDeSA es que aunque se hicieron cruzamientos de información con AFIP, Migraciones, registros de propiedad y automóviles y otras bases (al menos eso es lo que se informó desde la ANSeS), “quedaron afuera datos provinciales y municipales que hubieran aportado sobre la riqueza o ingresos de las personas”.

Por ejemplo, IDeSA entiende que ANSeS cruzó la saco con beneficiarios con los inmuebles declarados en el plazo del Impuesto a los Bienes Personales, pero no lo hizo con los asentados en los registros provinciales, lo que hubiera permitido delimitar la masividad del plazo.

Fuente: La Voz Análisis



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